Este lunes, el Bloque Informativo de La Piragua contó con la presencia del catedrático Jairo Torres Oviedo, ex rector de la Universidad de Córdoba que pasa una vez más por el proceso de escogencia de la nueva autoridad y que abordó en entrevista con el Dr Rafael Gómez Gómez la situación actual del alma máter.

Insistió en que el problema de acceso y cobertura no es de la universidad sino del sistema que tiene Colombia como nación. Para 1993, dijo, las 32 universidades públicas del país tenían 150 mil estudiantes matriculados, hoy hay 680 mil estudiantes.

“El problema está en el artículo 86 y 87 de la Ley 30 que refiere que el mecanismo de transferencia de recursos es mediante el cálculo del IPC, pero crecimos 5 puntos por encima de las transferencias de la nación. La universidad pública puede crecer más porque llegó a un techo, decir que va a triplicar (otro candidato a la rectoría) cobertura es un acto de irresponsabilidad, eso depende de las políticas del estado”, manifestó.

Reveló que seis departamentos del país no tienen universidad y que de los 680 mil matriculados actualmente el 65% está en el centro del país, lo que según dijo tiene un impacto de cobertura importante. Añadió que en Córdoba de cada 100 bachilleres 23 ingresan a la universidad, cuando el promedio nacional está en 52%. Colombia es en América Latina uno de los países más rezagados en cuanto a cobertura en Educación Superior.

Desfinanciamiento

Por estudiante, la nación transfiere 4.5 millones de pesos a la UniCórdoba mientras que en 1993 transferían 13 millones. La variación, explica, se debe a que las universidades están funcionando con un 49 % de recursos propios.

En el caso de Córdoba los recursos propios con los cuales funciona son del 28%, de tal manera que deben producir 44 mil millones de pesos al año para sostenerse. Torres, que conoce a la perfección el manejo de la casa de estudios, señala que los recursos se obtienen con los ingresos de pregrado (12 mil 500 millones), matrículas de postgrado (más de 8 mil millones), proyectos de extensión, diplomados y todo el conocimiento que la universidad vende se convierte en recursos.

Explicó que el Estado transfiere los recursos a las universidades públicas de acuerdo al IPC por lo que viene alertando desde 2018 que hay más de 3.5 billones en desfinanciamiento en funcionamiento, situación que visibilizó en 2018 en el paro con el que se logró que el Gobierno acordara que en 2019 se transferirán 3.5 adicionales al IPC, en 2020 4.0, en 2021 4.5 y en 2022 4.65 pero recordó que es una acción de Gobierno que podría no tener continuidad a futuro.

Aprovechó para aclarar también el tema de constituir la Facultad de Medicina, ante lo cual indicó que el Ministerio de Educación exige algunas condiciones como el registro calificado, es decir, condiciones mínimas para que funcione un programa académico y para este serían necesarios entre 15 mil o 20 mil millones de pesos para acondicionarse en materia de laboratorios y profesionales sólo para postularse a la verificación de los requerimientos y el desfinanciamiento no lo permite de momento.

Deserción mínima

“¿La Universidad debe crecer? ¡Claro que debe crecer!, pero si la universidad es estatal es el Estado el que debe diseñar una serie de políticas públicas en ese sentido”, dijo y explicó que la regionalización es el modelo para expandirse.

Gracias a la gratuidad de la matrícula confirmó que tuvieron durante su gestión al frente de la rectoría la cifra más baja de deserción en su historia. El promedio nacional es de 12% y la Universidad de Córdoba se situó en 8%. Un total de 180 estudiantes fueron los que desertaron.

Sin embargo, recordó que hay programas de amnistía que permiten que el estudiante que desertó se reintegre y culmine sus estudios. Cabe destacar que durante su permanencia como rector se han realizado tres amnistías.

Sobre su proceso

Fue enfático y sostuvo que la medida cautelar que se tomó en su contra lo que hizo fue suspenderlo del cargo  mientras se tomaba una decisión de fondo sobre las acusaciones en su contra en el proceso de votación para rector en el que resultó electo.

“No hay un proceso contra mí sino contra un acto administrativo que contenía un derecho de Jairo Torres (juramentarse) y yo renuncié a ese derecho, eso pasó. No tengo ninguna inhabilidad, sanción o demanda. Luego de renunciar a ese derecho el Consejo de Estado derogó el acto”, afirmó, dejando en claro que no tiene impedimento para su postulación o posible escogencia como autoridad universitaria.