En un informe que trasciende en momentos en los que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escucha versiones de ex combatientes de la extinta guerrilla Farc sobre reclutamiento de menores de edad, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) dio los resultados de una investigación al respecto, en la que Córdoba figura como uno de los departamentos de mayor riesgo. 

Con base en datos de la Consejería presidencial para los Derechos Humanos y asuntos internacionales, la FIP ubicó al territorio cordobés en la misma categoría de riesgo que Nariño, Cauca, Arauca, Bolívar, Chocó y -entre otros- Putumayo y Atlántico. 

De acuerdo a la investigación, la pandemia a causa de la COVID-19 “agudizó” el reclutamiento en el sur de Córdoba y dice la fundación que lo más preocupante es la presencia de campos de entrenamiento en los municipios de Tierralta y Puerto Libertador, pero además genera alerta el hecho de que aparentemente los grupos armados han difundido un discurso entre los campesinos, a quienes les aseguran que sólo vinculan adultos a sus filas, cuando la realidad termina siendo otra.   

“Distintos grupos armados ilegales ven en el reclutamiento una oportunidad para aumentar su capacidad. El ELN, el EPL, los grupos disidentes de las FARC y estructuras como el Clan del Golfo (AGC) y Los Caparros utilizan y reclutan niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país, tanto en zonas rurales como urbanas”, se lee en el documento. 

Dice la FIP que a los niños que son reclutados les atribuyen responsabilidades como las de vigilancia, cobrar extorsiones y transportar arma o drogas, mientras que las niñas son sometidas a “otro tipo de violencias, especialmente las basadas en género, pues son víctimas de abusos, agresiones sexuales y trabajo infantil”. 

Es importante destacar que las autoridades no sólo en Córdoba, sino en todo el país, han diseñado y puesto en marcha una serie de estrategias para mitigar el reclutamiento de menores, sin embargo, la Fundación Ideas para la Paz afirma que para que todo surta efecto es importante trabajar con los actores locales y fortalecer las capacidades de las comunidades, así como también “generar cambios en el contexto” y garantizar oportunidades a futuro. 

“Disminuir la impunidad de estos delitos debe ser una prioridad, con el fin de garantizar justicia para las víctimas. No podemos seguir perdiendo generaciones por cuenta de la guerra”, concluye el informe.