El tema del delito electoral es un punto que se mantiene latente en el Concejo de Montería, donde el miércoles, 25 de julio, los concejales debatieron las presuntas irregularidades que existen con las inscripciones de cédulas para los venideros comicios electorales establecidos para el 27 de octubre.
Los concejales manifestaron su preocupación ante la creciente inscripción de cédulas en los corregimientos de Tres Piedras, Tres Palmas, El Sabanal, Caño Viejo y Leticia, mientras que en los puestos de votaciones resaltaron el incrementos en las instituciones Antonio Nariño, San José, La Pradera, y El Sena.
En el derecho de palabra el concejal Daniel Márquez le solicitó a la Fiscalía una investigación exhaustiva que inicie por la intercepción de líneas telefónicas que permitan descifrar qué está pasando con el alto número de ciudadanos inscribiendo sus cédulas en estas zonas ya mencionadas, lo que podría catalogarse un delito de trashumancia electoral.
Márquez en su discurso afirmó que entre los corregimientos de San Anterito y Tres Piedras hay un corredor de compra de votos.
A este señalamiento se le sumó el concejal Carlos Zapata, quien apuntó que a los electores por el hecho de inscribir la cédula les están cancelando un monto que oscila entre 10 mil y 15 mil pesos. Asimismo, Zapata resaltó que desde ya están ofreciendo desde 60 mil hasta 70 mil pesos por la compra del voto.
Trashumancia en otros municipios
Ante estas denuncias se pronunció Ismael Rivera, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien reconoció que en Montería si hay riesgo electoral.
Rivera pidió que todas las denuncia hechas por los concejales sobre trashumancia sean denunciadas formalmente.
El responsable de esta organización también aseguró que este delito no solo ocurre en Montería, en sus declaraciones advirtió que este delito también se registra en municipios como Buenavista y San Pelayo.
Sobre los riesgos que pudieran presentarse en el desarrollo de la campaña electoral, el representante de la MOE dijo que han detectado que solo estaría en peligro el sur del departamento de Córdoba, debido a las amenazas a las que son sometidos los líderes sociales de esa jurisdicción, quienes también mueven sus piezas en el terreno político y están bajo la mira de los denominados grupos armados que mantienen en zozobra las referidas zonas campesinas.