Incluye 57 metas e iniciativas que impactarán la política pública de las víctimas del Magdalena


Los miembros del Comité de Justicia Transicional aprobaron por unanimidad el Plan de Acción Territorial (PAT) Departamental 2020 – 2023, que incluye 57 metas e iniciativas que impactarán la política pública de las víctimas del Magdalena y que están consolidadas en un documento de 110 páginas.

“Se han recogido todas las inquietudes, específicamente, del tema afro y estamos abiertos a que lo que no se pueda trabajar por ausencia de competencias desde el PAT se pueda incorporar en el plan de trabajo de la Mesa de Víctimas y nosotros podamos hacer el apoyo técnico para la gestión y desarrollo de las propuestas correspondientes”, expresó el gobernador Carlos Caicedo.

El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) Magdalena Renace fue un insumo fundamental para la construcción del PAT debido a la amplia oferta social que lo compone, a través de programas y proyectos que beneficiarán a las 335 mil víctimas del conflicto armado en el departamento.

De las 45 propuestas presentadas por la Mesa de Participación de Víctimas del Magdalena y revisadas por la comisión técnica tripartita, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la Atención Integral de las Víctimas y la Gobernación; se incluyeron 15 propuestas y 13 recomendaciones en el PAT, una incorporación histórica a la planeación de la política pública de víctimas en el departamento nunca antes realizada.

Las propuestas que no tienen anclaje en el PDD Magdalena Renace serán estudiadas por las diferentes secretarías y oficinas de la Gobernación para incluirlas en el plan de trabajo de la mesa.

Entre las propuestas incluidas en el PAT para favorecer a la población víctima están la entrega de 7.500 cupos para becas de acceso a la educación superior, priorizando 50 para la población LGBTI; la legalización de 170 predios, 900 cupos de mejoramiento de vivienda, el diseño y ejecución de 10 proyectos de mejoramiento de entornos comunitarios (obras menores) y la instalación de soluciones de energías limpias para 320 viviendas.

Además, la asistencia y acompañamiento a 25.000 víctimas afrocolombianas en el proceso de restablecimiento de derechos con enfoque diferencial y la destinación de una partida presupuestal para implementar medidas que garanticen los derechos de la población desplazada en el marco de la emergencia por COVID-19 y pospandemia.

“Con esto buscamos que 335 mil personas del Magdalena que han estado afectadas por el conflicto armado y se han reconocido como víctimas puedan tener garantías en sus derechos. Evidentemente hay grandes desafíos, en un territorio donde la violencia no ha cesado es fundamental garantizar la seguridad y planes de protección integral de los territorios que han sido históricamente afectados por estructuras armadas, en coordinación con entidades del orden nacional”, expresó el gobernador Caicedo.