La CIJ, integrada por 60 jueces y abogados de todas las regiones del mundo para promover y protegen los derechos humanos mediante el Estado de Derecho, pidió a los funcionarios en Colombia “abstenerse de realizar comentarios o acciones que puedan socavar la integridad del proceso judicial y la independencia de la Rama Judicial” por el caso del expresidente.

La Comisión recordó que desde el 4 de agosto se le ordenó una detención domiciliaria preventiva a Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal y que eso motivó declaraciones de varios políticos que considera “inapropiadas e incendiarias”.

Para la CIJ, algunas de esas palabras han sugerido “que los jueces toman sus decisiones basándose en prejuicios ideológicos o políticos en lugar de basarse en la Constitución y la ley”, y recordó la declaración del presidente Iván Duque, que a hoy 20 de agosto permanece fija en su cuenta de Twitter con casi dos millones y medio de visualizaciones.

El mismo día que la Corte Suprema anunció su decisión, Duque emitió desde Palacio un video en el que criticó que a Uribe “no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia”.

Por eso, los juristas consideran que “es inapropiado que un jefe de Estado u otro funcionario del poder ejecutivo intervenga de esta manera en un caso que está siendo objeto de estudio en la Rama Judicial”.

Además, recordaron que desde Naciones Unidas se ha dejado claro que “‘todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura’, y esto implica que deben abstenerse de ‘influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas”.