Este viernes, 27 de diciembre, vence el plazo para que partidos y movimientos políticos entreguen al Consejo Nacional Electoral (CNE), el informe detallado de lo que fueron sus ingresos y gastos con relación a las elecciones de autoridades territoriales realizadas el pasado 27 de octubre. 

El objetivo de este proceso que hace parte de los métodos de control del CNE, es verificar si fueron o no respetados los límites que fijó el organismo. 

Para quienes los hayan violado y además hayan invertido en las campañas recursos de fuentes “prohibidas”, podrían enfrentar entre 4 y 8 años de prisión y algunas multas, sanción que generalmente aplica para los presidentes de los partidos o movimientos en cuestión. 

Así lo establece la Ley 1864, que introdujo modificaciones al Código Penal (Ley 599 del 2000) en el capítulo sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática, que también tipifica que el delito de omisión de información del aportante significará para el responsable prisión de 4 a 8 años y multa de 400 a 1.200 smlmv.