El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía por privar injustamente de su libertad a un fiscal que ordenó excarcelar a varios pobladores de distintos municipios de Sucre que habían sido señalados de ser milicianos de grupos guerrilleros, además de tener que pagarle más de 234 millones de pesos, el organismo investigador deberá ofrecer excusas a la víctima, como mecanismo de reparación de su derecho al buen nombre.

Los hechos materia del proceso se originaron en un informe de policía judicial que señalaba a 152 personas que habitaban en los municipios de Chalán, Colosó, Ovejas, Los Palmitos Corozal y Sincelejo (Sucre) de tener nexos con los frentes 35 y 37 de la entonces guerrilla de las Farc. 129 de ellas fueron cobijadas con medida de aseguramiento el 2 de septiembre del 2003.

Frente a esta decisión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo, encabezada por el demandante, emitió un auto revocando la medida privativa de la libertad y ordenando la salida de prisión de los sindicados el 7 de noviembre del 2003. Por considerar que lo hizo de manera ilegal, la Fiscalía inició un proceso penal en su contra por prevaricato, que dio lugar a que se le privara de la libertad, pero sin que se lograra demostrar su responsabilidad en el delito, pues la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de la acusación el 23 de marzo del 2006.

Por los mismos hechos, fue investigado y juzgado disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que también lo absolvió de los cargos el 30 de marzo del 2006.

Tras la decisión por medio de la cual se le declaró inocente en materia penal, el fiscal interpuso una demanda de reparación directa, con el fin de obtener el pago más de 1.400 millones de pesos (del 2010), como mecanismo de resarcimiento, por haber sido cobijado con medida de aseguramiento sin que se demostrara que incurrió en delito alguno.

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a reparar al demandante, por considerar que, al margen de las consideraciones sobre la legalidad de la imposición de la medida de aseguramiento, se le generó un daño especial y grave al fiscal, quien no estaba obligado a soportar ese perjuicio. Según el fallo, la sentencia absolutoria demuestra que ninguna de las actuaciones del funcionario se adecuó a la conducta de prevaricato por acción; al contrario, sus decisiones se acogieron a las normas vigentes.