Han pasado más de cuatro años desde que el fiscal Mario Alfonso Lora Correa disparó contra los jóvenes Harold Suárez y Camilo Rodríguez, quienes murieron semanas después a causa de los balazos, y todavía no hay un dictamen judicial sobre la manera en la que él pagará penalmente por haber accionado su arma. 

Este miércoles, 23 de septiembre, se realizó de forma virtual y en cabeza de  Ana Brigitte Verbel López, jueza penal del circuito de Lorica, la audiencia de verificación de la legalidad del preacuerdo que Lora junto a su defensa, la Fiscalía y un representante de las víctimas, estableció en aras de conseguir una rebaja de pena. 

El preacuerdo, cuya acta fue presentada el 11 de mayo de este año, busca que al fiscal se le juzgue partiendo de que actuó promovido por la ira y se le conceda una condena de siete años a pagar en prisión domiciliaria, esto a cambio de la aceptación del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, de su palabra de arrepentimiento  y perdón y de una indemnización de 200 millones de pesos para cada una de las familias de los hoy occisos, las cuales ya aceptaron e incluso recibieron el dinero. 

En la diligencia, que se extendió por un poco más de cuatro horas, la jueza escuchó los fundamentos de todas las partes, incluido el representante del Ministerio Público, y decidió no aprobar el preacuerdo, considerando que este adopta una condición jurídica que no corresponde con los hechos y que vulneraría los derechos de las víctimas. 

En su intervención el vocero del Ministerio Público indicó que el preacuerdo se hizo sin individualizar ambas penas y que plantea una «generosa rebaja» de un 83% en la condena, pues el delito de homicidio agravado está tipificado  desde 33 hasta 55 años de cárcel, razón por la que solicitó al juzgado que no fuese aprobado. 

Acto seguido, tanto la Fiscalía como la defensa interpusieron un recurso de apelación, considerando que los argumentos de la jueza no son procedentes, por lo que solicitaron que el proceso pase a segunda instancia. 

La jueza Verbel López concedió la apelación y ordenó la remisión del caso al honorable Tribunal del Circuito judicial de Montería, Sala Penal, en el efecto suspensivo. 

AUTO QUE IMPRUEBA EL PREACUERDO. (Haga click aquí)

En contexto 

Como se recordará, los hechos por los que es acusado el fiscal Mario Alfonso Lora Correa, ocurrieron la noche del 18 de junio del año 2016, cuando a las afueras de un sitio nocturno de la calle 41 de Montería, él vio a los jóvenes antes mencionados agrediendo a su hijo. 

En aquel momento -declararon los testigos- funcionarios de la Policía intervinieron en el altercado, y fue en el momento de la requisa cuando el fiscal accionó su arma de dotación hiriéndolos de gravedad. Una de las víctimas murió el 1 de julio y la otra el 23 de agosto de ese mismo año. 

Uno de los uniformados que participó en ese operativo, fue admitido en el proceso para atestiguar en contra de Lora, y declaró que este disparó sin medir las consecuencias y sin que los jóvenes representaran una amenaza para él o su hijo.