La vivienda de interés social es un proyecto que se encamina a garantizar el derecho a la vivienda de las familias de menor ingreso, amparado por el concepto de lo que representa una vivienda digna. Pero un verdadero problema enfrentan estas familias de bajos recursos que salieron favorecidas, en el sentido de una convivencia sana entre los mismos vecinos. También enfrentan en algunas urbanizaciones de este tipo problemas en la infraestructura porque muchas de estas casas se han fracturado por sus bases y representan un peligro para sus vidas y la de sus familias, evidenciando fallas en su construcción.
Los problemas de convivencia se están presentando con más frecuencia en las urbanizaciones, La Gloria, Los Recuerdos, Villa Melisa, en la ciudad de Montería, y en Cereté Altos de las Acacias, donde los casos más frecuentes que se da en estas urbanizaciones es la falta de tolerancia entre los mismos vecinos, quizás porque no ha existido un plan efectivo por parte de los gobiernos territoriales en el sentido de enseñarles por medio de charlas como es la convivencia, ya que los que habitan en estos complejos nunca han tenido una casa y en su mayoría son campesinos desplazados por la violencia.
Según analistas sociales involucrados en estos planes de vivienda manifiestan que: El proyecto de viviendas gratis busca solucionar algo muy importante que es el techo. Y está bien. Pero se quedó corto a la hora de planear. En el tema de capacitación, de educación, de explicarle a la gente con qué situaciones se iba a encontrar en esos conjuntos.
Las familias que llegan a convivir en estas urbanizaciones por lo general nunca han pagado servicios básicos, no tienen muy claro conceptos como áreas comunes y privadas, no tienen ni idea de qué son juntas y asambleas de propietarios.
De esta manera cantidades de ellos se derivan de culturas sociales distintas. Una de las señales de alarma en este sentido se presenta en muchos sectores donde resultan vecinos miembros de bandas criminales enemigas, lo que conduce a un grave episodio de violencia disputándose el territorio
Revela el estudio realizado por gestores sociales, después de hacer una visita que dejó como resultado que el precio que pagan todos al pasar de la informalidad a la formalidad: incremento en gastos mensuales porque deben pagar servicios, impuestos y productos comerciales más costosos; largos trayectos en transporte para poder acceder a colegios y puestos de salud; uso de los salones comunales para realizar actividades no compatibles como velorios, misas o salas de internet; también la falta de privacidad y, por lo tanto, el uso de sótanos en horas nocturnas para realizar prácticas sexuales; ocupación de toda la vivienda para dormir; así como el uso de zonas verdes para la realización de prácticas culturales como cocción de alimentos en fogones de leña, danzas en vías principales, entre otras, esto representa que con urgencia hay que hacer una metodología de enseñanza personalizada para evitar estas malas acciones de convivencia.
Algunos sostienen que el Gobierno parte de un error enorme, y es pensar que la gente pobre lo único que necesita es un lugar para dormir. Lo que necesita la gente pobre es lo que todos necesitamos, vivir en espacios donde podamos interactuar y convivir dignamente, tener suficiente espacio verde para recrearnos. Donde los viejos puedan pasar sus últimos años tranquilos, donde los niños puedan ser niños, donde además haya acceso a la cultura.
La investigadora social Olga Ceballos, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Javeriana, coincide con esta visión: “Ubicas a personas de distintas etnias y razas en un mismo complejo urbanístico, con costumbres muy distintas. Esto termina generando discusiones y malestares. Por ejemplo, la gente monta sus negocios dentro de las casas y la convivencia se complica.
En Montería y otros lugares del departamento cohabitar se convirtió en un problema quizás difícil de resolver. Manifiestan algunos habitantes, que es cotidiano vivir con riñas y hurtos entre otros problemas, a sabiendas que son personas víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado, pero ahora se enfrentan a otro reto de vida: lograr la convivencia pacífica.
El objetivo, sería supuestamente convertirse en un ejemplo de integración nacional. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa, se convirtió en una especie de problema insostenible.
Por ejemplo en la urbanización la Gloria y los recuerdos son más frecuente los problemas al interior de estos como drogadicción, prostitución, hurtos en apartamentos. Y ni la policía y mucho menos el gobierno municipal le pone controles efectivos para evitar estos altercados, dice uno de los habitantes del sector.
Es recurrente y se presentan los fines de semana en esta urbanizaciones que hay agresiones físicas y verbales por motivos por ejemplo de altos decibeles en los equipos de sonido, el licor trae consigo borrachos que irrespetan a las personas, conflicto entre marido y mujer, mucha agresiones por violencia intrafamiliar y de residentes desadaptados que aún no han entendido la integración colectiva.
Existe un silencio total de parte de los habitantes y nadie quiere poner denuncia contra estos abusos, ya que mantienen un temor y como dicen muchos “yo no me quiero meter en problemas”, pero a todo esto se le agrega que los apartamentos están descuidados porque entre ellos no existe un sentido de pertenecía por el mantenimiento de sus casas, se le suma que en su gran mayoría en el caso de los bloques existen rajaduras gravísimas entre piso y piso, la humedad y las rajaduras en su estructuras son pan de cada día.
Por eso no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad, los beneficiarios de estas soluciones de vivienda, se quejan que ya se están agrietando las paredes y también los pisos y viven con temor que se desplomen, peor aún, la parte eléctrica se encuentra en condiciones de peligro inminente de un corto circuito que genere daños en los electrodomésticos, y están temerosos de un incendio.
Hay que anotar que casi todas estas soluciones de vivienda, presentan fallas estructurales y no se conoce que los responsables de la obra tomen soluciones de reparación de las paredes y demás sitios averiados, muchos líderes ya han establecido denuncia sobre este hecho y ni por parte de la administración, tampoco de los ingenieros constructores se han presentado al sitio para verificar por medio de estudio qué está pasando.
Otro problema es la cultura de el no pago de los servicios públicos y el robo de energía haciendo malas conexiones que en muchos casos ha cobrado vidas de niños y adultos por la mala manipulación, muchas personas que viven ahora en estas urbanizaciones durante años se acostumbraron a estar conectados de manera ilegal, cuando llegaron a este lugar tomaron la vivienda pero se rehúsan a cancelar los servicios públicos y el servicio de administración que hay que pagar en este tipo de propiedades horizontales, por eso cuando llegan las empresas a suspender los servicios en ocasiones han agredido a sus funcionarios y en el caso de la empresa de energía, por ejemplo, ellos mismos vuelven y la reconectan. Nunca aprendieron a la cultura del pago de servicios y eso con el tiempo se volvió un problema. Algunos justifican este acto diciendo que las tarifas son muy altas para el nivel socioeconómico en el que viven, quizás es cierto, pero no pueden sin duda evadir el pago.
Lo paradójico del asunto es que al principio cuando estas viviendas fueron entregadas de manera gratuita todo fue gritos de felicidad y llanto entre estas miles de familia que lograban conseguir una vivienda que por años no tuvieron, pero con el transcurrir del tiempo fueron llegando los problemas de todo tipo, problemas de convivencia, falta de unión entre la comunidad, conexiones ilegales, inseguridad, ausencia de una administración entre otros.
La Alcaldía de Montería, consciente del problema en que estaban estas viviendas en cuanto a la convivencia pacífica, lanzó en el gobierno de Carlos Eduardo Correa, un programa de convivencia, en el que profesionales capacitados liderarían procesos de inducción y reglamentos esenciales para vivir en comunidad y con respeto. Pero este proyecto no dio los resultados esperados no se le hizo seguimiento y se impuso la agresión, los altos volúmenes en fiestas prohibidos en propiedades horizontales, se dejaron penetrar por la venta de licor y narcotráfico, utilizando apartamentos como centros minoristas de despacho, y todo lo que trae consigo ese flagelo.
Pero en la actualidad el Alcalde Marcos Daniel Pineda García, advirtió a los beneficiarios que usen las viviendas para consumir o vender drogas o licor que las perderán, al igual que los que decidieron arrendarla a cualquier otra persona perdiendo el control de la gente que ahí vive.
Pero todo eso se hace a medias, por ejemplo en el caso de los que arriendan las casa y que existen personas que tienen otros domicilios, no se ha hecho nada, hay casos que personas que arriendan las casas están en la administración local, por otro lado no se han arreglado las grietas y la humedad que existe en algunos de los bloques, sigue el problema del alcantarillado que siempre colapsa en épocas de lluvia.
Las basuras a pesar de que existen unas casetas para depositarlas se encuentra dentro de ellas animales muertos y un desaseo total exponiendo a la comunidad a los malos olores y enfermedades respiratorias.
De una forma u otra ni la administración Municipal, ni los habitantes de estas comunidades han puesto un granito de arena para solucionar todos los problemas que los aquejan. Por eso se espera que el mandatario de turno vele por las dificultades de sus congéneres.