La diligencia contra Elías Villalba y Carmen García Guzmán, entre otros directivos de UNICJAO, será reanudada el próximo 31 de octubre como parte del proceso judicial que se les sigue por el delito de estafa a 732 estudiantes de esta casa educativa, al ofertarles y matricularlos en programas académicos sin poseer autorización del Ministerio de Educación.
El pasado viernes 21 de junio, la Fiscalía imputó en audiencia, los delitos de estafa masiva y fraude a resolución judicial, alegando que durante cinco años y estando al tanto de que no tenían permiso para ofertar programas, los directivos de esta casa educativa lo seguían haciendo, al punto de quitar los sellos impuestos por el Ministerio y seguir operando clandestinamente. Los investigador no aceptaron los cargos.
La UNICJAO ofertaba programas como derecho, trabajo social y psicología, dirigidos en su mayoría a la comunidad indígena del departamento, razón por la que según la Fiscalía los ciudadanos antes mencionados obtuvieron beneficios económicos a través de los estudiantes.