El alcalde de Guaduas en Cundinamarca, Germán Herrera, y el de Palocabildo, en Tolima, Nelson Gómez Velásquez, fueron beneficiados con la figura de casa por cárcel –por no tener antecedentes y por la situación que se registra en los centros de reclusión por el coronavirus.

Los mandatarios fueron capturados la semana pasada, en el marco de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por contratación irregular en medio de la pandemia– acusados de firmar contratos inflados para adquirir algún tipo de servicio.

El alcalde de Guaduas fue capturado por la firma de dos contratos para la adquisición de suministros para enfrentar la emergencia generada por el coronavirus. Uno de esos contratos fue firmado el 27 de marzo, por 310 millones de pesos.

Señalan las autoridades que el contrato tendría un sobrecosto del 60,31 por ciento; las ayudas (mercados y productos de aseo) fueron presentadas por un valor de 108.894 pesos, pero la Procuraduría verificó los valores y el costo real sería de 67.928 pesos. Eso quiere decir que hubo un sobrecosto de 40.966 pesos.

Otro contrato bajo la lupa de los organismos de control firmado por el alcalde de Guaduas tiene que ver con ayudas para un hogar geriátrico por 250 millones de pesos.

En el caso del alcalde del municipio de Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez, y su secretario de Gobierno, se les investiga por la celebración de dos contratos para atender con mercados a la población vulnerable.

Uno de ellos, firmado con una fundación del municipio de Mariquita por valor de 72 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de mercados y kits nutricionales para los habitantes.