Alcaldes y gobernadores rechazan nueva obligación de alimentar detenidos en URIs y estaciones de Policía.

Verónica Ramos10 de mayo de 2025Última actualización: 10 de mayo de 2025

Una reciente disposición legal, originada en un fallo de la Corte Constitucional y convertida en ley por el Congreso de la República, ha generado preocupación entre alcaldes y gobernadores del país. A partir del 30 de junio, las administraciones departamentales y municipales deberán asumir los costos de alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que permanecen en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y en estaciones de Policía.

La medida busca garantizar condiciones humanitarias mínimas para los detenidos en estos espacios transitorios. Sin embargo, mandatarios regionales advierten que esta nueva carga compromete seriamente los presupuestos locales y podría poner en riesgo programas sociales prioritarios.

Durante el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó su rechazo enfático a la medida. “Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños”, declaró, señalando que estas no son competencias propias de los entes territoriales.

Arana Padauí detalló que solo en Bolívar hay cerca de 3.000 detenidos en URIs y estaciones de Policía, lo que representa una carga fiscal considerable. Además, cuestionó que la Corte Constitucional esté, según él, “legislando desde sus fallos” y trasladando al nivel regional responsabilidades históricamente asignadas al Gobierno Nacional.

“Nos están imponiendo obligaciones sin asignación presupuestal. Los ingresos de los departamentos son limitados y muchas veces regresivos. Este tipo de decisiones comprometen la sostenibilidad de programas sociales clave”, añadió el mandatario.

Ante este panorama, gobernadores y alcaldes hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Congreso para revisar el impacto fiscal de la medida. Solicitan que no se les impongan funciones esenciales del sistema penitenciario sin la correspondiente financiación, advirtiendo que ello podría generar graves afectaciones en los territorios.

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