La Contraloría General advirtió que, durante el control y seguimiento realizado a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante la emergencia ocasionada por la pandemia, se encontraron 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones.

Según el ente de control tras estas alertas se iniciaron 4 indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en los municipios de:  Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).

La entidad precisó que los riesgos determinados en esta etapa inicial, se dieron tras la revisión de 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, «que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), pertenecientes a los centros educativos oficiales del país».

De la misma manera el organismo señaló que en 16 municipios del Departamento de Antioquia se realizarán acciones de control fiscal : » Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones)».

En el departamento de Bolívar se registraron presuntos sobrecostos en contratación directa por ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones).

 En Cundinamarca: «la contratación del Departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones)».

Para la Contraloría, «este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa».