Primera entrega

En un documento periodístico redactado por el periódico el Espectador este 15 de enero del 20202 el exjefe  paramilitar Salvatore Mancuso si es permitido en la  JEP daría información no revelada sobre Álvaro Uribe, Iván Cepeda y otros que estarían  involucrados en investigaciones que, en su mayoría tienen sentencias absolutorias de algunos senadores además de Santiago Uribe Vélez, Piedad Córdoba, “el doctor Lara” y la familia de Alfonso López.

Salvatore Mancuso, quien este año saldara su condena por narcotráfico en Estados Unidos, estaría próximo a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz Esta  entidad decidió estudiar su caso como tercero civil —es decir, como un financiador, colaborador o auspiciador de grupos armados—, sino que ya recibió un primer borrador de su plan de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, un requisito fundamental para garantizar los derechos de las víctimas.

Los togados de la Sala de Reconocimiento estudiaron los documentos de compromiso y luego hicieron una serie de requerimientos para que el Mancuso especifique acontecimientos y nexos que demuestren que está dispuesto a realizar un gran aporte de verdad. En su respuesta, Ante esta petición el ex comandante   indico  conocer hechos que aún no se han investigado o que, si lo fueron, no pudo participar en su esclarecimiento.

 “Hace hincapié en aquellas investigaciones que en su mayoría han terminado con sentencias absolutorias y señala como responsables o partícipes a las siguientes personas: Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, “el doctor Lara” y la familia de Alfonso López”, reza el auto 04/00-84/19, conocido por este diario.

El excomandante paramilitar  indico  un plan de contribución de verdad y reparación a las víctimas una lista de hechos que demostrarían que, entre 1989 y 1996, desempeñó el rol de tercero.

según la notificación, “viéndose comprometido con acciones de intimidación y muertes violentas de personas pertenecientes a grupos de izquierda, al igual que con acciones de destrucción y apropiación de bienes civiles (despojo de tierras) en el municipio de Turbo (sector Tulapas del departamento de Antioquia), bajo la premisa de una lucha antisubversiva”.

Dentro de los crímenes está el asesinato de dos guerrilleros que extorsionaron sus negocios familiares en 1989. También mencionó que, en 1991, los empresarios y ganaderos de Córdoba, bajo su liderazgo, financiaron grupos de vigilancia privada bajo órdenes del comandante del Batallón de Contraguerrilla Coyarac de la Brigada XI. Cuando murió el comandante de esta unidad militar, un año después, Mancuso asumió el mando de dichos grupos y los respaldó con recursos de sus actividades de ganadería y agricultura. Y, en 1995, creó la empresa de seguridad y vigilancia Horizonte y promovió su réplica en varios municipios de Córdoba y en la región de Urabá.

Se refirió también a su contribución en la consolidación de la escuela de entrenamiento militar ilegal en la Finca La 35, ubicada entre Córdoba y Antioquia, y sus incursiones en los corregimientos de El Tres y Currulao, en el municipio de Turbo, donde asesinaron y desaparecieron a decenas de personas con el apoyo de los denominados “Comandos Populares”, en 1996. Según la investigación de la JEP, estos hechos no han sido judicializados en Justicia y Paz ni en la justicia ordinaria.

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