La puja detrás de un fármaco contra la leucemia

La puja detrás de un fármaco contra la leucemia

“Dado el directo relacionamiento que hay entre un grupo significativo de congresistas con la industria farmacéutica en el caso Glivec, es susceptible de escalar hasta el punto de crear un inconveniente en la aprobación de los recursos de la nueva iniciativa denominada Paz Colombia, así como una disputa dentro de los términos del TLC”.

 

 

Con estos términos, Andrés Flórez, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Washington, advierte, en una carta enviada a la canciller María Ángela Holguín, el 27 de abril, de los riesgos que acarrearía la expedición de una licencia obligatoria para este medicamento, usado para tratar la leucemia, que en el país le quitaría la exclusividad de la producción a la farmacéutica suiza Novartis.

 

 

Como reacción, en parte, a esta misiva, el lunes 120 expertos en propiedad intelectual, comercio internacional y salud pública le enviaron al presidente Juan Manuel Santos una carta en la que condenan las presiones impuestas contra el país por su decisión de recurrir a políticas legítimas, como el uso de licencias para promover la salud pública.

 

 

(Además: Por primera vez declararían un medicamento de interés público)

Las dos cartas reflejan el alcance internacional que ya tiene la puja en torno a Glivec, cuyo principio activo es el imatinib. Esta molécula, patentada en Estados Unidos en 1993, es considerada la primera terapia dirigida para el tratamiento del cáncer. Colombia se suma ahora al gran debate global sobre el sistema de patentes de medicamentos, pues al estar incluido en el POS, Glivec le cuesta al país más de 46 millones de pesos anuales por paciente. Si se tiene en cuenta que cerca de 2.000 personas lo necesitan, entonces saltan a la luz las preocupaciones del Gobierno sobre la viabilidad financiera del sistema de salud.

 

 

El detonante de esta situación fue el anuncio del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de declarar la existencia de razones de “interés público” sobre el imatinib, con fines de licencia obligatoria, ante la negativa de Novartis de negociar una reducción en el precio del medicamento, dentro de un plazo que ya se venció.

 

 

En otras palabras, la intención de Gaviria busca permitir que otros laboratorios produzcan el medicamento (para favorecer una competencia que rebaje el costo), por encima de la patente que ostenta la farmacéutica, algo que, en caso de cumplirse, por primera vez ocurriría en Colombia.

 

 

No obstante, este tire y afloje, que puso los ojos del mundo comercial y sanitario sobre Colombia, tiene antecedentes importantes que pesan en el debate.

 

 

De acuerdo con Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana (Observamed), la patente registrada en 1993 fue otorgada, por 20 años, en Estados Unidos para el mesilato de imatinib. El hecho de que ya esté vencida ha permitido la producción de genéricos del medicamento en ese país.

 

 

Sin embargo, Novartis –dice Andia– pretende ampliar la exclusividad que le confería aquella patente al cristal beta de imatinib, que es una modificación de la molécula original. Esta pretensión ya fue negada en la India, tras considerarse que la nueva forma del fármaco, que el laboratorio presentó como una innovación, no demostró superioridad terapéutica con respecto a la ya existente.

 

 

Novartis emprendió un proceso similar en Colombia, el 9 de julio de 1998, que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) respondió, de manera negativa, en el 2003 “por falta de altura inventiva”. El laboratorio no se quedó quieto, y le solicitó al Consejo de Estado la nulidad de estos actos administrativos. Por eso el 9 de febrero del 2012 este tribunal anuló la negación de la SIC y le ordenó concederle la patente al cristal beta de la molécula.

 

 

Vía: El Tiempo