EDITORIAL

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¿LAS NUEVAS FARC, OTROS 50 AÑOS DE GUERRA?

El anuncio hecho a fines del pasado mes de Agosto por los hasta hace poco exguerrilleros conocidos con los alias de Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, sobre su decisión de crear unas nuevas FARC, sacudió al país de Norte a Sur y de Oriente a Occidente, porque aunque la mayoría de los colombianos presentíamos que ese sería el camino que tomarían estos personajes que habían participado en la construcción del Acuerdo de Paz, guardamos una luz de esperanza de que la cordura se impondría y las voces guerreristas del Gobierno bajarían su tono para dejar oir el clamor de quienes anhelamos una tregua para dar tiempo a que se consolidara la paz en Colombia.

Desde luego que ese anuncio alentó esas voces guerreristas que reclamaron tener la razón por haber anunciado que este hecho se presentaría, sin reconocer que la hoguera que ayudaron a construir para incendiar y consumir el proceso de paz, fue una de las causas que posibilitaron que Colombia ahora se encuentre ante la disyuntiva de otros 50 años de guerra fratricida.

Sin justificar, por supuesto la decisión de Márquez y compañía, hay que reconocer que el detonante para que esto sucediera no solo fue el proceso de Santrich si no la intención del gobierno de los Estados Unidos de pedir en extradición a toda la cúpula de las Farc que se había acogido al proceso de paz, incluyendo a Iván Márquez por su presunta vinculación a actividades de narcotráfico desde Colombia hacia el país del norte.

Desde el primer momento, luego de conocerse el anuncio, el Gobierno del Presidente Iván Duque respondió, tal como se presagiaba poniendo precio a las cabezas de los insurrectos y anunciando que su gobierno combatiría con todo el poderío militar a todos los grupos alzados en armas, incluida las nuevas Farc, para liberar a todas las regiones de Colombia de su siniestra amenaza.

Así lo ratificó este sábado desde Montelíbano, una de las zonas de Córdoba más martirizada por la violencia desatada no solo por las nuevas Farc, que según el defensor de derechos humanos Andrés Chica opera ya en la región desde hace más de un año, sino también por los llamados Caparros y el Clan del Golfo,  que han conformado una macabra alianza en el sur de Córdoba que ha sido denominada como “bacrim-política.

Lo anunció también desde Montería, donde realizó el taller “Construyendo País” no. 38, rodeado de todo su equipo de gobierno y de la cúpula militar encabezada por su ministro de Defensa Guillermo Botero, en donde reafirmó su decisión de ordenar la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano, tras anunciar la recompensa de tres mil millones de pesos por quien suministre informe por cada uno de ellos.

A pesar de la reacción aparentemente enérgica del Jefe de Estado, la comunidad cordobesa siente un gran temor por el recrudecimiento de los asesinatos de líderes sociales y las amenazas contra dirigentes políticos y educadores que han tenido que abandonar sus territorios. En dos años, según estadísticas de defensores de derechos humanos, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los exguerrilleros muertos, en todo el país.

 Por eso desde esta tribuna defensora de la democracia hacemos votos para que no se impongan las voces de quienes anhelan transitar de nuevo el camino de 50 años de guerra, sumidos en la violencia desenfrenada, la corrupción y el despojo que se desprenden de ella, y se abran paso aquellas que claman por una reconciliación pacífica que augure mejores tiempos para los hijos de esa enorme población pobre que sufre los horrores de la guerra en nuestros campos y ciudades.

Ojalá el Presidente Duque escuche ese clamor ciudadano y no el de los señores de la guerra y nos devuelva la esperanza.