El pasado miércoles, 18 de diciembre, la Defensoría del pueblo emitió la alerta temprana Nº 054-19, a través del cual se advirtió del riesgo por violencia que sufren comunidades indígenas del departamento de Córdoba, asentadas en los municipios Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré.

Comunidades como los Emberá Katio del alto Sinú, el resguardo Zenú del alto San Jorge, Egorobadó en Puerto Libertador y Xinitabé en Uré, son algunas de las zonas específicas que resalta la Defensoría, en las cuales habitan líderes sociales, directivos de Juntas de Acción Comunal y campesinos pertenecientes a ASODECAS, ASCSUCOR, COCCAM, FUNSACP, ANZORC Y CORDOBERXIA, quienes hacen parte del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos.

En dichos espacios, dice el ente en el comunicado oficial, se ha “impedido a los campesinos la ampliación de la frontera agrícola, a costa de las zonas amortiguadoras y ecosistemas estratégicos del Parque Nacional Natural Paramillo y ha sido un factor de vulnerabilidad frente a su vinculación a economías ilícitas para poder sobrevivir, al tiempo que la población indígena se ha visto obligada a desplazarse al interior y por fuera de sus territorios colectivos”.

Así mismo en la descripción explicativa de la alerta, se dice que la situación amenaza con expandirse a los principales cascos urbanos de la subregión del San Jorge, como lo son La Apartada, Ayapel, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica.

Las comunidades antes mencionadas estarían sitiadas por las acciones de los frente Rubén Darío Ávila y Carlos Vásquez, quienes libran una guerra por el control ilícito del mercado de la hoja de coca. 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí