Corte Constitucional considera que objeciones a la JEP son constitucionales y no por conveniencia

Corte Constitucional considera que objeciones a la JEP son constitucionales y no por conveniencia

Luego de toda la polémica que se generó por las objeciones del presidente Iván Duque, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se conoció que la Corte Constitucional las ha considerado constitucionales y bajo ningún concepto a conveniencia- como mucho se vociferó-, por lo que ordenó “al Congreso devolver el expediente a la Presidencia para sanción presidencial y promulgación”.

“El Presidente sí tiene competencia para objetar una Ley Estatutaria en circunstancias normales; así lo ha reconocido explícitamente la Corte en varias sentencias, desde la C-011 de 1994, que fue la que primero abordó el asunto. Pero en circunstancias especiales, además del artículo 22 de la Constitución y el AL 02 de 2017 (blindaje del Acuerdo Final), hay un argumento relacionado con el Fast Track y la objeción por inconveniencia», puntualizó la Corte.

Y prosigue: «Analizado el contexto, es excepcionalmente diferente a las demás Leyes Estatutarias que de manera insular regulen temas propios de su naturaleza. Aquí estamos ante todo un proceso constitucional fundado en La Paz (art. 22 CP), con arraigo en las razones que en sus orígenes configuraron nuestra Carta, proceso que obedece a un largo itinerario de gestión institucional, con compromisos internacionales y nacionales de buena fe regulados por el Constituyente y el Legislador, avalado y refrendado finalmente por muchísimas decisiones de la Corte Constitucional, no solo la C-080 de 2018».

Como se recordará, entre las objeciones que planteó el Jefe de Estado está la denominada responsabilidad de los victimarios para que estos puedan reparar “material, económica y moralmente, a las víctima”; la acción penal, que busca que no se dejan de investigar los crímenes de lesa humanidad; y entre muchos otros, la extradición (de los más polémicos), que de acuerdo a Duque, busca que “no se límite la cooperación judicial de Colombia con otros Estados”.