¿Complot político-judicial?

¿Complot político-judicial?

Desde el 3 de marzo del año 2016, Jairo de Jesús Puello Sánchez viene ejecutando un proceso legal a fin de recuperar su posesión sobre un predio que está ubicado muy cerca de las inmediaciones de la Terminal de Montería, lo cual le corresponde por tener en él más de 30 años.

Jurídicamente hablando, lo que Puello ha venido solicitando desde entonces, es un amparo por perturbación de posesión o tenencia a la propiedad privada, lo cual ha hecho ante la Inspección Urbana Primera de la Policía, cuya directora, la abogada Margarita Judith Pastrana Correa, ha procesado con total arbitrariedad y fuera de los parámetros de la ley, razón por la que hoy figura ante la justicia como una funcionaria pública imputada por el delito de prevaricato por omisión, pese a que no se allanó al cargo.

En principio, es importante entender que el proceso de amparo por perturbación de posesión o tenencia, es un acto policivo de carácter civil que está consagrado en los Artículos N° 125-129 y N° 131-135, del Decreto 1355 de 1970; en los artículos 762, 775, 879 del Código Civil; el Artículo N° 198 del Manual de Convivencias y de Seguridad Ciudadana; y entre otros en la Resolución N° 0054 del 22 de febrero de 2010, emanada del Despacho de la Alcaldía de Montería.

También existen cuatro funciones básicas e inamovibles de los inspectores de la Policía de la Zona Urbana y Zona rural de Montería, enmarcadas en el Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio, y las que competen a esta situación son la N° 1 que reza que deben “conciliar para la solución de conflictos de convivencia ciudadana”, la N° 3: “conocer en primera instancia los procesos de Policía que involucren derechos civiles” y la N° 4: “Las demás que les atribuyan los acuerdos municipales”.

Los hechos
El 3 de marzo de 2016 Puello Sánchez radicó una querella, ante la Secretaría municipal y esta a su vez la remitió mediante oficio SGOV 0237 a la Inspección Urbana Primera de la Policía, el día 4 de marzo del mismo año. Sin embargo no fue admitida por Pastrana Correa hasta el 27 de febrero de 2017, es decir, casi un año después, por lo que a partir de allí se fueron acentuando y haciendo mucho más visibles las irregularidades.

Dicha querella fue presentada en contra de un par de consanguíneas identificadas como Mónica Rosa Navarro y Vilma Navarro, quienes también estarían reclamando la propiedad del predio.

De acuerdo a lo dicho por la Fiscalía, ese mismo 27 de febrero la Inspectora urbana de la Policía fijó el 14 de marzo de 2017 como la fecha para realizar la Inspección Ocular al predio en cuestión, proceso que está tipificado en el Artículo 131 del Decreto 1355 de 1979 y no es más que la verificación de campo hecha por un grupo de peritos que puedan constatar los actos de perturbación a la posesión, y en el que además participan tanto el querellante como él o los querellados.

Efectivamente Pastrana Correa designó a dos peritos, pero estos no llegaron y a pesar de que Puello Sánchez solicitó por tal motivo el aplazamiento de la Inspección, esta hizo caso omiso, no se pronunció al respecto y dio por finalizada la querella, atendiendo únicamente a los alegatos de las hermanas querelladas.

Aunado a esto, tal como lo explicó la Fiscalía, hizo lo propio con conocimiento de otra irregularidad grave y cuestionable, toda vez que terminó la querella a través de una Resolución N° 014 del 28 de marzo de esa anualidad, lo que constituye un acto administrativo, cuando el proceso antes mencionado es netamente civil y se le debe poner fin con una sentencia.

En paralelo
Por si fuera poco, Margarita Judith Pastrana Correa admitió en mayo de 2016 una primera querella sobre el mismo predio que reclama Puello, que había sido radicada en septiembre de 2015 por las hermanas Navarro. Para esta querella se designó igualmente la Inspección Ocular que se realizó el día 26 de mayo de 2016, y a diferencia de la primera aquí sí asistieron los peritos, pero pidieron un plazo de cinco días para emitir el informe.

En este caso los peritos no sólo incumplieron sino que también cometieron una infracción a la ley, toda vez que según el ente fiscal, entregaron dicho documento en julio de ese mismo año, es decir, casi tres meses después, cuando el Artículo N° 203 del acuerdo 029 del 2008, expedido por el Concejo de Montería señala que “el dictamen pericial se rendirá dentro de las diligencias de la inspección ocular, excepcionalmente y a juicio del inspector podrá suspenderse la diligencia hasta por un término no mayor de cinco días hábiles con el objeto de que en su continuación los peritos rindan el dictamen”.

Imputación
Todo lo antes mencionado lo planteó y explicó de forma detenida la Fiscal 11 de delitos contra la Administración pública, durante una audiencia de imputación de cargos contra Pastrana Correa, realizada en Montería el pasado martes 19 de marzo (casi dos años después de la denuncia), la cual estuvo a cargo del Juzgado 2° Penal municipal ambulante con funciones de Control de Garantías, y fue solicitada por Puello Sánchez. Allí estuvo presente por parte del Ministerio Público, el Procurador 229 Judicial 1 penal de Montería, y la defensa de ambas partes.

Luego de que la Fiscal manifestará la cronología de los hechos y la forma en la que estos se desarrollaron, se concluyó en que las decisiones de la Inspectora “en ambos procesos policivos civiles se hicieron con conocimiento de la normatividad aplicable, como se deja entrever en la admisión de ambos procedimientos”.

Por ello el ente acusador determinó “la estructuración objetiva y subjetiva del delito de prevaricato por omisión”, toda vez que se estaba “cercenando de una u otra manera” el derecho de Puello Sánchez “para poder presentar cualquier prueba que en su defensa permitiera demostrar en principio que si estaba siendo objeto de actos perturbadores respecto a la posesión que en ese momento estaba detentando” y que dichas decisiones favorecían la otra parte, es decir las hermanas Navarro.

Así las cosas el prevaricato se le atribuyó a título de autora (que no aceptó), en modalidad de culpabilidad dolosa, en base al Artículo N° 414 que explica que “el servidor público que omita, que retarde, que rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 13.93 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para la ejecución de derechos y funciones públicas por 60 meses”.

Que no sea solo por omisión sino también por acción
En este sentido la defensa de Jairo de Jesús Puello Sánchez solicitó el pasado jueves 21 de marzo a la citada Fiscalía, que se le impute a la Inspectora el delito punible de Prevaricato por Acción, a fin de que no se desconozcan “los derechos que tantas víctimas tienen con base en las actuaciones desplegadas por dicha funcionaria pública”, pues asegura sigue cometiendo actos de prevaricato.

“Respetuosamente se le solicita sean revisados y estudiados en debida forma los medios de convicción puestos de presente con las denuncias y su ampliación y se presente la respectiva imputación por los hechos jurídicamente relevantes que se le reiteran, que encuadran en la tipología de prevaricato por acción”, escribe la defensa de Puello en el documento radicado ante la Fiscalía.

La defensa también detalló que sobre la hoy imputada reposan varias denuncias impuestas por otros ciudadanos, por los delitos de daño a bien ajeno, concierto para delinquir, concusión, abuso de autoridad y –entre otros- fraude procesal y empleo ilegal de la Fuerza Pública. Además pide que se le dé celeridad al proceso para evitar el vencimiento de términos.

Sobre las acciones de la Inspectora podrían presentarse varias hipótesis, entre ellas el clientelismo, los amiguismos e incluso la intervención de factores políticos del departamento, cuyos tentáculos podrían haber influido en sus decisiones, pero hasta el momento nada se puede afirmar hasta tanto no sea la justicia quien lo determine.