“Representa un riesgo para la comunidad”: Juez que condenó a Oneida Pinto

“Representa un riesgo para la comunidad”: Juez que condenó a Oneida Pinto

La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto. Foto: Colprensa

Es por eso que el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, dictó medida de aseguramiento contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, por su presunta participación en irregularidades de un contrato por valor de $18.600 millones, que tenía como propósito la reducción de la mortalidad infantil en Albania (La Guajira).

Según el juez del caso, la exmandataria tiene fuertes influencias en su región, lo que podría interferir con la investigación de la Fiscalía, motivo por el cual debe ser recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Incluso el ente acusador denunció amenazas contra los funcionarios judiciales que llevan la investigación.

“El análisis le permite al despacho señalar que se debe imponer una medida de aseguramiento, dado que representa un riesgo para la comunidad, y la Fiscalía también la señala de pertenecer a una estructura dedicada a defraudar el erario público de la región”, señaló el juez.

Por su parte la exfuncionaria intentó aludir la condena en prisión, argumentando que era una “perseguida política”, a lo que el juez indicó que no hay evidencia de que eso sea cierto. Además el funcionario judicial considera como graves los delitos por los que se investiga a la exgobernadora.

Según la Fiscalía, fue en 2011 cuando Pinto se desempeñaba como alcaldesa que habría participado en el trámite, celebración y ejecución de un contrato suscrito entre la alcaldía del municipio con el Hospital de Albania, para reducir la tasa de mortalidad infantil en La Guajira.

De acuerdo con la investigación, Pinto adjudicó el monto del contrato días antes de abandonar su cargo para iniciar su campaña a la gobernación de La Guajira, la cual obtuvo, pero que posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado.

Para el fraude del denominado contrato, el ente acusador asegura que fueron contratados más de 1600 personas que habrían recibido un pago superior a 1 millón de pesos cada uno, para la ejecución del contrato que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el personal contratado para la materialización del contrato no estaban capacitados para el desarrollo de los programas, pues en su mayoría eran albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros, a los que se les había realizado los dichos pagos para que votaran a favor de Pinto en su candidatura a la Gobernación.

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